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Que podemos hacer si nos entran ocupas en nuestra propiedad


La usurpación de bienes inmuebles (ocupación), constituye en la actualidad una alarma social innegable cada vez más en auge, posiblemente por la poca contundencia a la hora de resolver el conflicto. El problema no es baladí puesto que en la mayoría de supuestos deriva en otra serie de actos delictivos como pudiera ser un delito de defraudación de fluido eléctrico, de pertenencia a una organización criminal (por las mafias que dirigen las ocupaciones), etc. además de la propia inseguridad de la comunidad de vecinos que sufre las consecuencias de esa ilegítima ocupación por el presunto comportamiento incívico de los ocupantes del bien inmueble ocupado.

En el presente artículo nos vamos a centrar en el delito de usurpación de bienes inmuebles recogido en el artículo 245.2 del Código Penal y concretamente a analizar si existen herramientas jurídicas para acordar el desalojo como medida cautelar sin necesidad de demorar el mismo hasta que recaiga Sentencia firme para evitar perjuicios para el propietario del inmueble.

Recoge el precitado artículo que: "2. El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses."

Nos encontramos en consecuencia, en virtud de los artículos 33.4 g) y 13.4, ambos del Código Penal, ante un delito leve. Ante este escenario, y dada la entidad del delito, podemos encontrar varias resoluciones que, escudándose en el principio de intervención mínima del derecho penal, acuerdan sobreseer el procedimiento aún habiendo el/la propietario/a, por medio de denuncia acreditado dicha condición, la ocupación propiamente con una vocación de permanencia y la voluntad contraria de dicho propietario a tolerar esta con la correspondiente solicitud de desalojo inmediato de los ocupantes que carezcan de título jurídico que legitime esa posesión. Resulta de interés en este sentido el Auto de fecha 23 de septiembre de 2021 dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección octava, por el que se estima el recurso de apelación presentado por la parte denunciante y por el delito que está siendo objeto de análisis en el presente artículo donde se recoge que "(...) La resolución atacada fundamenta la decisión sobreseyente, sustancialmente, mediante una resolución de formato, sesgo e impronta estereotipada, en el recurrente y socorrido principio de intervención mínima que pretende desbancar al principio de legalidad en materia penal que se erige de forma inexorable, y, por ende, debe ser aplicado, y, en otras consideraciones acerca de la posesión socialmente manifiesta, y, en suma, se deriva a quien legítimamente en el ejercicio de su derecho acude a la jurisdicción penal, cerrándole de entrada, la puerta, para remitirla a la vía jurisdiccional civil, mediante la reserva de acciones procedentes. Y, desde luego, nada se menta en cuanto a la instada medida cautelar de desalojo inmediato? a la que no se da respuesta judicial explícita sino tácita o implícita.

Pues bien, el recurso deberá ser forzosamente estimado, a la vista de lo actuado en el presente procedimiento penal y cual viene secundado por el Ministerio Fiscal.(...)".

"(...) En cualquier caso, deberá el Juzgado de Instrucción reaperturar las diligencias e incoar el correspondiente procedimiento por delito leve de usurpación de bien inmueble, y desde luego, debe indefectiblemente pronunciarse sobre la solicitud de medida cautelar de inmediato desalojo de la dicha vivienda siendo que en este caso, ya anticipamos, que la dicha medida cautelar postulada y refrendada por el Ministerio Fiscal siguiendo las directrices impartidas por la FGE, no tiene sustancialmente por objeto garantizar el buen fin del proceso penal o el cumplimiento de la hipotética sentencia futura de condena, sino esencial y finalísitcamente lo que persigue es dar fin a la comisión del hecho delictivo que presuntamente se perpetúa al tratarse de un delito permanente, siendo que, de constatarse dicha ocupación ilegítima del referido bien inmueble, la misma de ninguna manera debe ser tolerada ni permitida".

La claridad y razonabilidad del Auto es absoluta. Es bien sabido que puede adoptarse como medida cautelar la prisión provisional en supuestos, por ejemplo, de delitos contra el patrimonio con el fin de evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes (artículo 503.3º apartado b de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) cuando el delito ya ha sido consumado. Tiene mayor sentido en consecuencia acordar una medida cautelar, en este caso de desalojo inmediato, cuando el delito es permanente y se sigue consumando, precisamente para dar fin a la comisión del delito de usurpación de bienes inmuebles que recoge el artículo 245.2 del código penal, aún tratándose de un delito leve.

El artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es la herramienta jurídica para acordar el desalojo en un supuesto claro de usurpación de bien inmueble como el que nos ocupa: "Se consideran como primeras diligencias la de consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer, la de recoger y poner en custodia cuanto conduzca a su comprobación y a la identificación del delincuente, la de detener, en su caso, a los presuntos responsables del delito, y la de proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo, a sus familiares o a otras personas, pudiendo acordarse a tal efecto las medidas cautelares a las que se refiere el artículo 544 bis o la orden de protección prevista en el artículo 544 ter de esta ley."

En ningún momento se refiere únicamente a los delitos graves o menos graves sino a todos los delitos, incluidos como es natural los de carácter leve. No cabe duda que el desalojo inmediato como primera diligencia protege al/la propietario/a del inmueble (en este caso el perjudicado) e incluso a otras personas, como pudieran ser, aquellos vecinos de los que hemos hechos mención ut supra.

Resulta de interés asimismo la Instrucción nº1/2020 de 15 de septiembre de la Fiscalía General del Estadosobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles en el sentido de que dicha solicitud se realice por parte de los correspondientes Fiscales tan pronto se tenga conocimiento de dichos delitos, ya en el mismo servicio de guardia, durante la tramitación de cualquier procedimiento judicial o en la celebración del juicio oral por delito leve de usurpación siempre que concurran, como es natural, los requisitos de fumus boni iuris, periculum in mora y proporcionalidad, debiendo tener en consideración para valorar la solicitud, no solo a las víctimas o perjudicados por el delito, sino también a los vecinos a los que el delito pueda estar ocasionando un perjuicio directo.

Sentado lo anterior, y en términos de estricta actualidad, en fecha 23 de febrero de 2022 se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 2/2022 de 22 de febrero por el que, entre otros, se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y concretamente en su disposición final segunda, se modifica el artículo 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptaban medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de modo que el en la actualidad el Juez tiene la facultad de suspender el lanzamiento, hasta el 30 de septiembre de 2022, prorrogando de esta manera la suspensión de los lanzamientos que es objeto de análisis en el presente artículo y que se había prorrogado previamente hasta el 28 de febrero de 2022 vía Real Decreto- Ley 21/2021, de 26 de octubre, siempre y cuando se den todos los siguientes requisitos (artículo 1 bis):

- Juicios verbales en los que se sustancien las demandas a las que se refieren los apartados 2º, 4º y 7º del artículo 250.1 de la LEC y en aquellos otros procesos penales en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas personas que la estén habitando sin ningún título habilitante para ello.

- Que se trate de viviendas que pertenezcan a personas jurídicas o a personas físicas titulares de más de diez viviendas (grandes tenedores).

- Que las personas que las habitan sin título (los autores de un delito de usurpación de bien inmueble del artículo 245.2 CP, por ejemplo) se encuentren en situación de vulnerabilidad económica por encontrarse en alguna de las situaciones descritas en la letra a) del artículo 5.1 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 (deberán acreditarlo).

- Deberá ser persona dependiente de conformidad con lo dispuesto en el apartado dos del artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, víctima de violencia sobre la mujer o tener a su cargo, conviviendo en la misma vivienda, alguna persona dependiente o menor de edad.

Siempre y cuando se den los anteriores requisitos, el Juez tomará la decisión teniendo en cuenta, entre otras que procedan, las siguientes circunstancias:

a. Las circunstancias relativas a si la entrada o permanencia en el inmueble está motivada por una situación de extrema necesidad para lo cual resultará determinante el informe de los servicios sociales emitido y
b. Las circunstancias relativas a la cooperación de los habitantes de la vivienda con las autoridades competentes en la búsqueda de soluciones para una alternativa habitacional que garantizara su derecho a una vivienda digna.

En conclusión y en respuesta a la pregunta que se realiza en el título del presente artículo, sí existen herramientas jurídicas para acordar el desalojo inmediato del inmueble y su restitución al legítimo poseedor como medida cautelar en los delitos de usurpación de bienes inmuebles del artículo 245.2 del Código Penal, pero debemos tener en cuenta que en el momento de redacción de este artículo el Juez podrá no acordar el lanzamiento, al menos y por el momento hasta el 30 de septiembre de 2022, siempre que se den los requisitos que se han recogido.

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